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WASHINGTON, D.C., EE. UU. – El único sobreviviente de la matanza de 72 extranjeros en el estado mexicano de Tamaulipas la semana pasada, ha regresado a su Ecuador natal después de rechazar una visa humanitaria ofrecida por el gobierno de México.
El joven de 18 años ha estado bajo un fuerte dispositivo de seguridad luego del atroz crimen en el cual supuestos miembros del cartel de narcotraficantes Los Zetas secuestraron a los trabajadores extranjeros y les vendaron los ojos antes de ejecutarlos porque se negaban a trabajar para la organización delictiva.
La víctima, que recibió un disparo en la garganta, escapó y alertó a las autoridades sobre lo que había sucedido. Los soldados de la infantería de marina mexicana descubrieron los cuerpos después de un tiroteo con sospechosos de integrar el cártel. El sobreviviente llegó a Ecuador en un avión del gobierno de ese país el 30 de agosto en la noche.
“La información que tenemos en este momento es que se trató de un intento de reclutamiento forzado", declaró a W radio el principal portavoz en materia de seguridad de México, Alejandro Poiré. “No fue un secuestro extorsivo, sino un intento de retener a esta gente y forzarlos a participar en el crimen organizado, que tuvo el desenlace terrible que conocemos”.
La masacre se convirtió en una noticia internacional. Las autoridades ecuatorianas solicitaron, de inmediato, al gobierno mexicano que asignara más guardias para proteger al sobreviviente durante su recuperación en el hospital, dada la frecuencia con que los testigos de delitos prominentes resultan asesinados con el fin de evitar que informen a la policía.
Mientras tanto, varios países enviaron representantes para colaborar en la identificación de los muertos. Hasta el momento se han identificado los cadáveres de 16 hondureños, 12 salvadoreños, cinco guatemaltecos y un brasileño
Pero la causa, que la Fiscalía Federal General tomó de las autoridades locales, está lejos de llegar a su fin.
Se denunció que Roberto Suárez, un agente de la oficina del fiscal estatal que desempeña un papel importante en la investigación, desapareció el 25 de agosto, el día después de que los cuerpos fueron sacados de una hacienda en las afueras de la ciudad de San Fernando. El 27 de agosto, coches bombas explotaron en Televisa TV en Ciudad Victoria y una comisaría en San Fernando, y se denunció la desaparición de un policía. Al día siguiente, Marco Antonio Leal García, el alcalde de una pequeña ciudad en Tamaulipas, fue asesinado por hombres armados sospechosos de pertenecer al cártel narcotraficante, mientras conducía por una zona rural con su hija de 4 años, que resultó herida durante el ataque.
“Este crimen cobarde y los infames sucesos violentos que tuvieron lugar hace poco tiempo en ese estado fortalecen nuestro compromiso de combatir las bandas criminales que intimidan a las familias de Tamaulipas”, declaró el presidente mexicano Felipe Calderón en un comunicado en respuesta a la muerte de Leal García.
Los secuestros y las explosiones en lugares públicos indican la anarquía que reina en Tamaulipas. El estado, que limita justo con la frontera de Texas, se ha convertido en la cuna de la violencia relacionada con la droga y la actividad del cártel ya que las rutas de su contrabando a los Estados Unidos valen millones en el narcotráfico.
“Este descubrimiento truculento debería ser un alerta para las autoridades mexicanas", declaró Wende Gozan, vocero de Amnesty International, según USA Today.
Éstas son la segunda y la tercera explosiones de vehículos del mes de agosto, después de que un coche explotara fuera de la central de policía en Ciudad Victoria hace tres semanas. Además, en julio, un coche bomba mató a cuatro, entre ellos un policía, en Ciudad Juárez, en el estado fronterizo de Chihuahua.
Pero ninguno de estos actos se cobró casi tantas vidas como lo que sucedió en la hacienda. La masacre generó que los defensores de los inmigrantes reiteren sus quejas ante las autoridades mexicanas de que no protegen a los 400.000 que viajan por el país de paso hacia Estados Unidos todos los años.
Las autoridades mexicanas, no obstante, afirman que están tomando las medidas necesarias para evitar que los criminales y los cárteles se dirijan a los inmigrantes.
Cecilia Romero, jefa de la agencia federal de inmigración, informó que hicieron una redada en 16 refugios en Tamaulipas el año pasado, con lo que se logró rescatar 812 extranjeros. Añadió que 30 agentes de inmigración han sido encarcelados y más de 30 han perdido sus trabajos por corrupción. El país también deportó unos 43.000 inmigrantes extranjeros este año.
“Lamentamos no haber encontrado nunca a estos 72", declaró Romero al *Los Angeles Times*. "Es probable que estuvieran ocultos en un tráiler durante el transporte, y no podíamos detectarlos. Así es como sucede. Los inmigrantes son invisibles para nosotros. Se ocultan de nosotros".
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