Varias instituciones están tratando de preservar las lenguas originales del país centroamericano....
BUENOS AIRES, Argentina – La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los diarios Clarín y La Nación de haber comprado ilegalmente acciones de la empresa Papel Prensa S.A. en 1976.
Papel Prensa provee papel de impresión a aproximadamente 170 diarios de Argentina. La empresa está en manos de Clarín, que retiene el 49% del paquete accionario, La Nación el 23% y el estado el 27,5% restante.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que representantes del grupo económico Graiver, propietario de Papel Prensa cuando se produjo el golpe de estado el 24 de marzo de 1976, fueron obligados por la dictadura militar a vender su empresa a Fapel S.A., una firma integrada en ese entonces por Clarín, La Nación y La Razón.
Cristina Fernández de Kirchner dijo durante un discurso emitido por cadena nacional, que los accionistas suscribieron contratos "con apariencias de legalidad y legitimidad lo que en realidad no lo era”.
La venta del diario se produjo el 2 noviembre de 1976, casi tres meses después de que falleciera en un accidente aéreo en México David Graiver, el director del grupo económico y a quien se lo ha señalado como administrador de fondos del entonces grupo guerrillero argentino Montoneros. Entre marzo y abril de 1977, el padre de David, Juan, su madre, Eva, su hermano, Isidoro, su esposa, Lidia Papaleo, y su testaferro, Rafael Ianover, entre otras personas vinculadas al grupo, fueron privados de su libertad y sometidos a torturas por el gobierno dictatorial.
Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a las razones por las cuales los allegados a Graiver fueron detenidos. El gobierno argentino sostiene que las empresas propietarias de los diarios Clarín, La Nación y La Razón formaron parte de la maniobra que instrumentó la dictadura para comprar Papel Prensa.
En cambio, los diarios han refutado estas afirmaciones y han cuestionado los argumentos oficiales, subrayando que la compra de Papel Prensa fue una transacción legal y pública que no estuvo sujeta al accionar e intervención del gobierno de facto. También dijeron que los integrantes del grupo económico fueron arrestados de forma ilegal meses después de concretada la operación comercial por el presunto vínculo que tenía David Graiver con los Montoneros.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner brinda un informe sobre Papel Prensa
Las dos versiones se han articulado en función de los dichos y afirmaciones de las propias víctimas. Mientras que Lidia Papaleo de Graiver sostiene que fue coaccionada a firmar la venta de la empresa por la dictadura militar, Isidoro Graiver dice que la operación comercial se realizó libremente y sin coerción.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso sus argumentos a partir de un informe de 233 páginas realizado por el gobierno que se titula “Papel Prensa, la verdad” y anunció que el mismo será enviado a la Justicia para que se investiguen y se les de seguimiento a los hallazgos y conclusiones de dicho documento.
“Allí [en el informe] se verifica de forma indubitable el accionar ilegal de los diarios participantes en las transferencias accionarias y permite, a su vez, que la verdad sobre Papel Prensa S.A. se alcance de manera incontrovertible”, dijo Alberto González Arzac, consejero de vigilancia titular en representación del Estado en Papel Prensa, minutos antes del discurso de la presidenta.
La exposición realizada por el gobierno argentino fue repudiada por los partidos opositores.
Gerardo Milman, diputado por el partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), dijo a Infosurhoy.com que la acusación es parte de un plan del gobierno para apoderarse de Papel Prensa y controlar el insumo principal de la prensa gráfica.
“Yo creo que el deseo de los Kirchner es ir hacia un escenario con poca libertad de expresión y manipulación de la historia”, señaló Milman.
La presidenta también anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para controlar la producción, distribución y comercialización del papel periódico, algo que también fue cuestionado por la oposición.
“Lo que a nosotros nos preocupa es saber qué hay detrás de esto”, dijo a Infosurhoy.com. Alicia Terada, diputada nacional por el partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI). “El avasallamiento a la libertad de expresión es una sensación que compartimos todos los ciudadanos. Lo que está en juego acá es la libertad y el derecho de la gente de poder conocer la verdad de lo que sucede en el país”.
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