RIO DE JANEIRO, Brasil - César Barros Leal, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Brasil, describió los centros penintenciarios de América Latina como "territorios del inframundo", "decadentes centros de distorsión social", y "oscuros depósitos de seres vivos" en su discurso durante un simposio celebrado en España el pasado diciembre.

Pero Barros Leal utilizaría términos aun más desfavorables para describir las cárceles de su propio país: hacinadas, sucias y decrépitas.

A comienzos de este año, la prensa brasileña denunció las condiciones inhumanas en las que vivían 700 personas en las celdas de detención más congestionadas del estado de Río de Janeiro (Polinter de Neves), comenzando por la temperatura, que llegaba a 57ºC.

Sérgio Cabral, gobernador de Río, reaccionó mediante declarar que para mediados de 2011 retiraría la totalidad de los prisioneros que vivían en las celdas de detención de las comisarías.

La estrategia nacional de justicia y seguridad pública, que constituye un esfuerzo conjunto del gobierno brasileño, la fiscalía general de la nación y la Oficina Nacional de Justicia (CNJ) es el mascarón de proa en una lucha para evitar que los acusados deban pasar períodos tan largos en celdas de detención.

La iniciativa tomó carácter urgente con la trágica muerte de Vinícius Moreira Ribeiro, de 20 años, quien falleció de una hemorragia cerebral mientras esperaba ser juzgado en Polinter de Neves el año pasado.

"Si hubiera vivido, probablemente estaría libre", dice su acongojada madre Indaiá Maria Moreira Ribeiro. "Habría sido sentenciado a prestar servicio comunitario porque en la denuncia que se levantó decía que no estaba armado; era la primera vez que robaba y no recurrió a la violencia".

La CNJ afirma que hay 473.626 reclusos en Brasil, y 56.514 de ellos (11,93%) están presos en celdas de detención de comisarías locales.

"Las celdas de comisarías locales no han sido diseñadas para recibir gente", dice Leonardo Rosa Melo da Cunha, coordinador de derechos humanos de la fiscalía general de Río de Janeiro. "Comparadas con las celdas en las estaciones de policía, [nuestras] celdas son [como] hoteles en Dubai".

El informe de la CNJ también afirma que los prisioneros son maltratados en las celdas de las comisarías locales. Las instalaciones están superpobladas y los reclusos no pueden recibir visitas ni salir a tomar aire. Las condiciones sanitarias son deficientes, y los prisioneros no reciben atención médica, ayuda judicial, o acceso a servicios educativos, sociales o religiosos.

Las celdas de detención también facilitan la fuga de prisioneros, lo que pone a la comunidad en peligro si se toma en cuenta que las comisarías están con frecuencia ubicadas en zonas urbanas. El hacinamiento también obliga a los oficiales de policía a pasar más tiempo en funciones de guardia, lo que les dificulta cumplir con sus tareas de investigación del crimen.

Los acusados deberían permanecer en celdas de comisarías locales únicamente durante el tiempo que sea necesario para que la policía lleve a cabo su investigación, lo que no debería superar los 30 días, para que luego el prisionero sea transferido a los centros correccionales que correspondan.

El sistema penal brasileño también establece que los convictos sean transferidos a prisión tan pronto como sean hallados culpables, en tanto que aquellos que están esperando sentencia deberían ser asignados a centros de detención.

El problema es que el sistema judicial es tan lento que los acusados pasan años tras las rejas antes de comparecer ante un juez.

"En vista de que los centros preventivos están llenos, son mantenidos en las estaciones de policía", explica Cunha.

El ministro Gilmar Mendes, presidente de la Suprema Corte Federal (STF) y la CNJ, dice que los reclusos temporarios (los que aguardan sentencia) constituyen el 44% de la cantidad total de reclusos del país.

La abogada Tamara Melo, de la agencia no gubernamental Global Justice, dice que no hay grandes diferencias entre la rutina diaria de una persona detenida en una comisaría local y los reclusos de un centro penintenciario normal.

"Nuestra Constitución establece que las personas son inocentes hasta que se las declara culpables", dice Melo. "La prisión para personas sin sentencia debería ser la excepción, no la regla".

Según Melo, la cuestión del tiempo que los acusados permanecen en las celdas de detención empeora aún más en los casos en que son declarados inocentes o si se retiran los cargos.

El ministro Gilmar Mendes estima que para terminar con las detenciones en estaciones de policía se requerirá no solamente construir nuevos centros para aquellos que aguardan sentencia, sino también mejorar la eficiencia del sistema judicial para que las sentencias no tarden tanto en dictarse.

El estado de Bahía tiene el record con la mayor cantidad de prisioneros detenidos en comisarías, ya que casi un 42,47% de los 14.289 prisioneros se encuentra en celdas temporarias.

En Río de Janeiro, hay 26.651 presos, y 3.493 de ellos se encuentran detenidos en comisarías, según la CNJ. El estado cuenta con 37 unidades penintenciarias y 10 centros de prisión preventiva que albergan a las personas que aguardan sentencia, según la Secretaría de Administración Penintenciaria.

En 1999, el gobierno de Río lanzó el programa "Delegación Legal", que tiene como objetivo construir nuevas y modernas estaciones de policia que no tengan celdas de detención; 111 ya están funcionando.

Esto ha permitido que el gobierno transfiera a más de 6.000 prisioneros fuera de las comisarías, según César Campos, coordinador del programa.

Pero Cunha resalta que el programa no fue coordinado con la construcción de nuevos centros preventivos, lo que ha empeorado la situación para las personas detenidas en las estaciones de policía de Río.

"En agosto de 2009, el gobernador Sérgio Cabral recibió fondos por R$157 millones (US$89 millones) del Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES) para el programa, lo que incluía la construcción de ocho centros de prisión preventiva", dice Campos, puntualizando que las nuevas instalaciones podrían significar la tranferencia de hasta 3.600 prisioneros fuera de las comisarías.