Los argentinos podrán circular por el puente Libertador General San Martín durante el próximo mes, ya que no estará bloqueado por los manifestantes que se oponen al funcionamiento de una planta de celulosa en Uruguay. (Daniel Caselli/AFP/Getty Images)

BUENOS AIRES, Argentina – Los gobiernos de Cristina Fernández y José Mujica están negociando para alcanzar un acuerdo sobre el monitoreo ambiental del Río Uruguay y de la pastera finlandesa UPM (ex Botnia).

El canciller uruguayo Luis Almagro viajó a Buenos Aires el 6 de julio para entregarle una contrapropuesta a Héctor Timerman, el flamante ministro de Relaciones Exteriores argentino que el 29 de junio le había hecho llegar a las autoridades uruguayas un plan para el monitoreo de la planta de celulosa ubicada en la ciudad de Fray Bentos, en la ribera oriental del Río Uruguay.

La instalación de la fábrica en abril de 2005 ha sido el epicentro de un conflicto entre ambos países que terminó por dirimirse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que ha tenido especialmente como protagonistas a los habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú, quienes comenzaron a organizarse tras conocer los planes de construcción de la planta y finalmente conformaron una asamblea ciudadana para exigir su desmantelamiento o relocalización.

Como medida de protesta, a partir de noviembre de 2006 la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú mantuvo cortado el tránsito vehicular para acceder al puente Libertador General San Martín, que une a ambos países, y recién el pasado 17 de junio decidió levantar provisoriamente el corte por 60 días.

La disputa binacional por el funcionamiento de la pastera alcanzó su momento crucial el 20 de abril pasado, cuando la CIJ dictaminó que Uruguay no cumplió con su obligación de notificar e informar a Argentina sobre el proyecto de construcción de la pastera antes de proceder a su autorización, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Río Uruguay, un tratado internacional firmado por ambos países en 1975.

Sin embargo, el fallo de la CIJ determinó que no existen pruebas para afirmar que la planta contamina y desestimó los pedidos de los asambleístas, quienes decidieron interrumpir la medida de fuerza el mes pasado tras recibir presiones del gobierno argentino, incluyendo una denuncia penal en su contra.

“El Gobierno nos ha traicionado, pero si nosotros seguimos encerrados en el corte lamentablemente no vamos a lograr nada”, dijo el asambleísta Orlando Piaggio, según el diario argentino Clarín.

Tras oficializarse la decisión de los asambleístas, la presidenta Fernández dijo que “la sensatez y la cordura volvieron a ser noticia en Argentina”, según informó el diario uruguayo El País.

Por su parte, el presidente Mujica dijo al noticiero uruguayo Telenoche que “parecía que todo estaba congelado, pero han venido pasando cosas. Espero que un margen de racionalidad, hijo de los datos científicos, termine convenciendo al grueso de la opinión [pública] de Gualeguaychú”.

Antes de reunirse con Almagro, el ministro Timerman recibió a una delegación de asambleístas argentinos con el fin de recomponer la relación con el gobierno.

“Nos vamos conformes con que se haya reinstalado el diálogo y porque aparentemente se puede trabajar en conjunto”, dijo el asambleísta Jorge Fritzler, según consignó el diario argentino Página/12.

Si bien se desconoce el contenido de las propuestas de ambos países, ya que las autoridades han manejado las negociaciones con total hermetismo, el vicecanciller uruguayo Roberto Conde dijo al diario uruguayo La República que los dos gobiernos coinciden en la necesidad de establecer un protocolo científico para controlar las actividades en el Río Uruguay.

“La solución está en garantizar el acceso pleno de la ciencia a todo el análisis de los métodos y de las muestras que sea necesario, para que la ciencia pueda elaborar un informe exhaustivo, completo”, señaló Conde a La República.